La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su respaldo al anuncio realizado por el presidente de la Nación sobre la reducción gradual de los Derechos de Exportación (DEX), aunque reclamó que el proceso avance con mayor rapidez y tenga como objetivo final la eliminación definitiva de las retenciones al sector agropecuario.
A través de un comunicado, la entidad calificó la medida como una señal positiva y coherente con la política económica impulsada por el Gobierno nacional, basada en la reducción de la presión impositiva, la apertura económica, la libertad de comercio, el ordenamiento macroeconómico y la recuperación del equilibrio fiscal. Desde CARBAP destacaron los avances logrados en esos frentes y señalaron que han contribuido a generar un escenario de mayor previsibilidad para la producción y la inversión. En ese sentido, remarcaron que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una verdadera política de Estado y sostuvieron que la estabilidad macroeconómica constituye una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina.
No obstante, la entidad advirtió que el esfuerzo para alcanzar y mantener el equilibrio de las cuentas públicas no debería recaer de manera desproporcionada sobre el sector agropecuario mediante un impuesto que considera distorsivo. «Los Derechos de Exportación desalientan la producción, limitan las exportaciones, reducen la inversión y afectan la incorporación de tecnología», señalaron desde la organización rural. CARBAP también manifestó preocupación por el incremento de tasas municipales y tributos provinciales que, según indicó, en muchos casos terminan reemplazando impuestos nacionales eliminados, sin una contraprestación efectiva para los contribuyentes. La entidad sostuvo que la competitividad del agro no depende únicamente de las retenciones, sino también de una estructura tributaria provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una revisión profunda.
Asimismo, destacó que el sector agropecuario enfrenta una situación de desigualdad respecto de otras actividades económicas que ya no pagan derechos de exportación o que cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En ese contexto, CARBAP consideró que el cronograma anunciado por el Gobierno no debería tener como horizonte final el año 2028, sino establecer explícitamente un camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación. Además, propuso que ese proceso quede plasmado en una ley para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a aplicar este instrumento tributario.
Créditos Chacra.
