El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó hoy una medida cautelar que frenó la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. Además, le pidió al Gobierno que informe en el expediente cuál es el interés público que justifica la decisión tomada. En su fallo, Ramos Padilla resolvió: “Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”. También, “requerir a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″. Esta decisión se tomó en el marco de una causa iniciada el 11 de junio pasado en la que se pedía que se declarara “la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización” del Banco Nación. Se trató de un planteo de la Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados del sector y que es encabezado por Sergio Palazzo, actual diputado nacional. El 25 de septiembre pasado, Ramos Padilla resolvió “que el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional” y, por ende, declaró “abstracta” la cuestión. Esa decisión está ahora a estudio de la Cámara de Federal de Apelaciones de La Plata, que debe resolver si la confirma. Ramos Padilla aclaró que su medida cautelar es “interina” y que la dictó porque existen “circunstancias graves y objetivamente impostergables” que la justifican. Recordó que el decreto del 19 de febrero “en su propio texto señala que ya se encuentra en vigencia” y que le encomienda al Ministerio de Economía “llevar adelante determinadas medidas que prima facie podrían derivar en su privatización”.
