Defender lo público exige, en primer lugar defender la verdad: Respuesta a Carlos de Lamadrid.
A raíz de las recientes declaraciones públicas del arquitecto y ex concejal Carlos de Lamadrid, en las que sugiere que el destino de las tierras del ex PRO.CRE.AR fue producto de decisiones inconsultas, sin debate y sin la intervención del Concejo Deliberante, la Municipalidad de Navarro se ve en la obligación institucional de desmentir categóricamente estas afirmaciones falaces y llevar tranquilidad y verdad a las vecinas y vecinos.
Coincidimos plenamente en que lo público se administra, se cuida y se defiende, pero por sobre todas las cosas, lo público no debe usarse para desinformar con fines políticos.
Para desarticular las acusaciones vertidas, exponemos los hechos respaldados por la normativa pública y vigente:
1- Falsa falta de intervención del Concejo Deliberante.
El ex concejal falta a la verdad cuando afirma que las decisiones se tomaron sin intervención del Concejo Deliberante. La cesión de los terrenos al programa habitacional se realizó en estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 1679/22, sancionada por el propio Honorable Concejo Deliberante el 28 de noviembre de 2022. El proceso no fue silencioso ni oculto: surge de la acumulación de tres expedientes legislativos; N° 4219, 4278 y 4294, HCD/2021/22. Hubo debate, hubo comisiones y hubo una ley local sancionada. Resulta preocupante que un ex concejal desconozca o decida ignorar las ordenanzas emanadas del cuerpo que alguna vez integró.
2- No hubo «desmanejo», hubo un mandato legislativo.
El artículo 1° y 2° de la mencionada ordenanza, autoriza y ordena de manera expresa al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios y transferir los inmuebles (Fracción de terreno de la Estación de FFCC Trocha) al Fondo Fiduciario Público del PRO.CRE.AR. El Ejecutivo no modificó el destino del predio de forma unilateral ni administrativa; acató el mandato soberano del Concejo Deliberante de Navarro para la construcción de viviendas.
3- El destino fue siempre el pueblo de Navarro.
La ordenanza aprobada por el Concejo no entregó tierras al azar. El artículo 3 de la norma estableció una cláusula de protección inquebrantable impuesta por este Municipio: se exigió que los destinatarios de esas viviendas probaran acabadamente una residencia igual o mayor a CINCO (5) años en el partido de Navarro. La decisión institucional fue ceder una tierra del Estado para solucionar el déficit habitacional de los navarrenses, no para un negociado privado.
4- Sobre la paralización y riesgo de subasta.
La paralización actual de las obras y las intenciones de subastar dichas tierras son consecuencia directa de las políticas implementadas por el actual Gobierno Nacional frente a los fondos fiduciarios y la obra pública, no de un error o vicio de origen en la gestión municipal.
Desde esta gestión municipal compartimos la preocupación y encabezaremos todos los reclamos legales y administrativos pertinentes ante el Estado Nacional para frenar cualquier subasta, recuperar las tierras y defender lo que es de Navarro. Sin embargo, esta justa defensa del patrimonio local no puede construirse sobre la mentira de afirmar que en Navarro se actuó sin transparencia. Llamamos a toda la dirigencia política, incluido el arquitecto de Lamadrid a sumar esfuerzos reales para defender a Navarro de las decisiones nacionales que hoy paralizan nuestras obras, en lugar de intentar reescribir la historia local sembrando dudas sobre procesos legislativos que fueron transparentes, democráticos y ajustados a derecho.
