Informe de la Delegación Navarro de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

Como el aumento de las tarifas de energía eléctrica y gas domiciliario no se detiene, semanalmente y en forma cotidiana recibimos denuncias todas ellas vinculadas a presuntas o reales malas lecturas de los medidores respectivos. En razón de ello nuestra tarea consiste básicamente en lo siguiente: 1) Primero verificamos si el usuario es beneficiario de la tarifa social de cualquiera de los dos servicios; 2) Si se encuentra en las condiciones reglamentarias previstas para acceder a dicha tarifa, procedemos nosotros directamente a incorporarlo al sistema de ese beneficio; 3) Si verificamos que la cantidad de Mts3 de gas o la cantidad de KW no se compadece con la cantidad de artefactos y la cantidad de horas que ellos son utilizados por los usuarios, los enviamos directamente a los interesados a la Cooperativa Eléctrica (Copesna) o a Camuzzi Gas Pampeana para que ambas entidades procedan a la lectura correcta de los medidores y en consecuencia luego produzcan un informe pormenorizado para que el usuario pueda cotejarlo, confrontarlo y disconformarse o caso contrario aceptarlo.

Cabe destacar que hemos dirigido nota formal a Copesna para que sea la propia Cooperativa de la cual forman parte obligatoriamente como accionistas todos los titulares de servicio de energía eléctrica y/o agua potable, solicitándole que como un servicio a prestar a favor de sus socios, sea la entidad la que convoque individualmente a cada uno/a de los accionistas que puedan acceder a la tarifa social a la sede de ella, para que a través de sus empleados los usuarios que aún no lo han hecho, o no saben de la existencia de dicha tarifa, completen el tramite respectivo y de esa forma aliviar el costo de sus consumos.

Se han recibido muchas denuncias que las vamos a canalizar a través de la Doctora Pelegrino referidas a que franquiciados de Rapi Pago, Pronto Pago, Pago Express, etc, no aceptan que los consumidores cancelen sus consumos con tarjeta de débito, si este no alcanza un mínimo de $150.

Además y es una conducta violatoria de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, los franquiciados denunciados cuales quiera sea el consumo que se efectué, o en el caso de que se abonen impuestos, viajes de egresados u otros servicios y consumos, cobran un sobreprecio de hasta $10 por cada operación, alegando como fundamento la baja rentabilidad que les deja la cobranza referida. Pretenden que sean los consumidores los que resguarden el beneficio económico de quienes ejercen la actividad comercial por propia voluntad y que aceptaron en su momento libremente.

Creemos que si obtenemos alguna rápida respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, entendiendo por tal las autoridades de la misma en La Plata, generaremos un rápido alivio a los vecinos/as que también semanalmente acuden a nuestra Delegación.

Solucionamos y en muy rápido tiempo la denuncia que nos efectuara una vecina que había obtenido un crédito en dinero a los fines de comprar un somier pagadero en cuotas mensuales a través de una intermediaria llamada Tecnomax que tenía oficinas al momento del

otorgamiento del crédito en la calle 19 de esta localidad. La empresa cerró su delegación en esta y la beneficiaria denunciante continuo pagando a una dirección bancaria que oportunamente había recibido. Como sucede en la mayoría de estos casos fueron infructuosas sus gestiones ante los “0800” y “call center” que ex profeso utilizan estas empresas para derrotar por cansancio al reclamante y a caballo de ello hacer pingües negocios. Hicimos un seguimiento detectivesco encabezado por el propio Delegado y logramos que se le extendiera carta de pago total y definitivo a la reclamante, y la instruimos para que con la intervención jurídica correspondiente de algún letrado, reclame la devolución de los importes indebidamente percibidos por la “generosa entidad de crédito”.

Asesoramos a un vecino local que había contratado los servicios de un Corredor-Martillero también de esta localidad encomendándole una operación inmobiliaria y firmando para ello la autorización correspondiente. La mentada operación se frustró pero el Corredor Inmobiliario había recibido una reserva en dinero importante por parte del pretenso comprador, que al deshacerse el negocio inmobiliario se negó a devolver generando un entredicho con su cliente. El consultante por error de buena o mala fe alegó que existía un convenio vinculante entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros Provincial. Verificada la inexistencia del convenio invocado asesoramos al requirente y sugiriéndole la conveniencia de que efectuara la denuncia por ante el Tribunal de Ética del Colegios de Martilleros Distrital.

Atendimos el requerimiento de una madre que ante la demora en obtener un duplicado de la partida de nacimiento de su hijo para confeccionar el DNI para mayores de 8 años, alegó como perjuicio derivado de dicha morosidad la imposibilidad para su vástago de viajar en un viaje programado con sus compañeros de curso. Se hicieron las gestiones correspondientes, pero ante los inconvenientes que afectaban el servicio informático de Registro Civil el trámite administrativo de ese organismo se demoró, pero nuestra gestión fue exitosa.

Asesoramos al comprador de un plan de ahorro para fines determinados para la compra de un automotor en una concesionaria de la ciudad de Lobos. En una clásica maniobra estafatoria cuya autoría intelectual y fáctica desconocemos, con la habilidad y usando el anonimato de las redes telefónicas, fue inducido el requirente para que inadvertidamente abonase dos veces la misma cantidad de cuotas. Se le instruyo para que desplegara una acción defensista en dos niveles. Primero efectuando la denuncia correspondiente ante la probable comisión de un delito de acción pública ante la Fiscalía Descentralizada de Navarro y luego ante la concesionaria automotriz respectiva.

Ante la continua consulta de numerosos vecinos/as de Navarro que tienen trámites administrativos en organismos Municipales, Provinciales y Nacionales de distinta naturaleza jurídica, pero caracterizados todos ellos por estar afectados de una morosidad que excede los límites de lo tolerable, confeccionamos una nota tipo de “Solicito Pronto Despacho” con el fin de que utilizando esta instancia administrativa, agilizar los expedientes excesivamente demorados, pero al mismo tiempo instruimos a cada consultante respecto de la necesidad y ante cualquier resultado negativo o falta de respuesta aun al Pronto Despacho recurrir a las instancias judiciales.

Logramos por nuestra gestión que la empresa de telefonía celular Claro diera de baja a dos líneas telefónicas pertenecientes a una señora anciana en razón del fallecimiento del cónyuge de la reclamante, la cual pese a sus insistentes gestiones ante el “0800” de Claro y su consabido “call center”, ubicado como todo call center que se precie fuera de la Argentina (en este caso en Lima), que se dieran efectivamente de baja a las líneas telefónicas y de esta manera ahorrarle nuevos gastos a la vecina reclamante.

Se recibió la denuncia de una empleada municipal que al solicitar un listado de los movimientos de su cuenta sueldo advirtió un descuento que no se compadecía en principio con ninguna de las compras que la denunciante nos manifestó haber efectuado. Como primer paso orientamos antes de hacernos parte de su denuncia a que efectuara el pedido correspondiente de aclaración del código de descuento en el Bapro y ante el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, porque es moneda común de quienes son beneficiarios de préstamos de consumo que brinda la entidad sindical, sean objeto luego de detracciones en sus sueldos bajo un código de descuento que no siempre se corresponde con el consumo que el afiliado ha efectuado, sino que por razones de comodidad el Sindicato utiliza un código de descuento que llama a la confusión. Cursaremos nota al Sindicato solicitándole que corrija esa anomalía de las especificaciones de los códigos de descuento.