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Prepagas vuelven a aumentar en marzo. Ya lo hicieron en más de un 100 % en el trimestre

Guillermo Ibarra

Luego de las subas de alrededor de 40% y de entre 25% y 30% en el primer y en el segundo mes del año, algunas prepagas informaron para marzo subas de entre 21 y 23%, en tanto que otras entidades entidades comunicaron incrementos de sus planes del 15% al 21%. Esta vez, algunas entidades diferencian los porcentajes de subas según el plan. Y aplican, por ejemplo, porcentajes más bajos para los que lanzaron recientemente. Los reajustes del trimestre fueron mayores a los porcentajes indicados en el primer párrafo en dos casos. Uno es el de quienes tuvieron las cuotas congeladas entre octubre y diciembre de 2023, si las prepagas a las que están afiliados incorporaron a los precios de este año las alzas que se habían autorizado en aquel período (y que sí se aplicaron en su momento en las facturas de quienes no cumplían los requisitos para el congelamiento o no hicieron la declaración jurada requerida). El otro caso es el de quienes derivan al pago de parte de la cuota un aporte obligatorio que se haya mantenido sin cambios (por ejemplo, los jubilados que, a través una obra social, derivan el aporte al PAMI -en rigor, un monto fijo, no igual al descuento efectivo del haber- a cubrir parte del costo de su prepaga). Si esos montos no se movieron, entonces impactan en un porcentaje más bajo del valor total de la cuota.

Los aumentos de este año se vienen definiendo sin regulación alguna por parte del Estado. El decreto de necesidad y urgencia 70, anunciado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial al día siguiente, derogó los artículos de la ley de prepagas que les daban a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. Es decir, el Poder Ejecutivo liberó los precios y, en consecuencia, las empresas dispusieron aumentos mucho más elevados que los aplicados mensualmente el año pasado. El argumento es que, con las regulaciones antes vigentes, los reajustes no lograban cubrir el alza de los costos. El año pasado las subas de las cuotas acumularon un 137% (para quienes no tuvieron el congelamiento dispuesto en campaña electoral por el exministro de Economía, Sergio Massa), mientras que la inflación fue, según el Indec, de 211,4%. Los directivos del sector apuntan que ese desfase llevó a que, liberación de precios mediante, los valores se incrementaran en los niveles establecidos. E insisten en que falta recuperar terreno perdido. Del otro lado, los afiliados sufren un fuerte efecto negativo en sus bolsillos, que se suma al impacto que se venía dando ya en los últimos tiempos en la calidad de las prestaciones, con la salida de médicos de las cartillas, cobro de copagos o bonos contribución no previstos en los contratos, demoras en los turnos, o el congelamiento de montos de reintegros.

Los ingresos de las personas afiliadas, además, tuvieron en muchos casos, recomposiciones muy por debajo incluso de las subas que las prepagas aplicaron el año pasado. Muchos jubilados y pensionados tuvieron en todo 2023 una recomposición de solo 110,9% y perciben aún el mismo monto desde diciembre pasado. Es uno de los puntos evaluados en las medidas cautelares que se dictaron, con efectos particulares, a favor de quienes hicieron reclamos en la Justicia contra el DNU (concretamente, contra lo referido a los precios de las prepagas). La primera medida que se conoció, en ese sentido, fue la firmada a mediados de enero por la jueza Martina Forns, de la Justicia Federal de San Martín, a favor de una jubilada de 78 años. Como en otras causas que se resolvieron luego, el escrito judicial ordenó no aplicar los aumentos anunciados y, en cambio, facturar según las subas autorizadas según el mecanismo que rigió el año pasado. El porcentaje autorizado según esa modalidad fue de 6,76% en enero (en lugar del 40%), pero para febrero y marzo ya no hay índice de referencia, porque tras el DNU la publicación fue discontinuada.

La cuestión judicial comienza a preocupar en el sector, más allá de que los aumentos siguen siendo elevados, como también preocupa el efecto de una salida de afiliados, que se concentraría en la población sana y de menor edad; es decir, se irían, en mayor medida, quienes menos servicios demandan.

Créditos: La Nación

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